El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) dio por concluida la designación de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado.

Por su parte, la Contraloría General de la República brindó advertencias sobre indicios de irregularidades en su designación al cargo desde febrero del 2020.

Potestad del Presidente de la República

Tal como se señala en la referida Resolución Suprema Nº 024-2022-JUS, el Presidente de la República tiene la potestad de remover, por causal de pérdida de confianza, a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos o directorios de los organismos públicos, con excepción de los organismos reguladores que actúan en representación del Poder Ejecutivo.

Ello se encuentra regulado en el literal c) de la Sexta Disposición Transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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¿Irregularidades en su designación?

La Contraloría General de la República, en conjunto con la Oficina de Control Interno (OCI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), emitió el Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 002-2022-OCI/0281-AOP, de fecha del 31 de enero de 2022, en el cual advierte sobre indicios de irregularidades «que afectarían el proceso de designación» de Daniel Soria Luján como Procurador General del Estado, desde febrero de 2020.

El documento responde a una evaluación del referido cargo, realizada en el período del 01 febrero del 2020 al 26 de enero del 2022.

Así, se detalla que, durante la investigación y la revisión de los documentos correspondientes, se determinó que Daniel Soria incluyó como experiencia profesional, para sustentar su nombramiento, el haber sido asesor I de la Adjuntía en Materia Constitucional en la Defensoría del Pueblo.

Sin embargo, acorde a la OCI del Minjusdh, dicha experiencia profesional “no se adecúa a una labor propia de la defensa jurídica del Estado”, requisito planteado por la normativa de la Procuraduría General del Estado, donde se señala que el procurador general requiere tener “trayectoria en la defensa jurídica del Estado”, específicamente.

Asimismo, al referido informe indica que la resolución suprema de su designación se emitió «sin contar con el informe técnico o legal que la sustente, situación que afecta la legalidad de la designación de su titular».

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Denuncia contra el presidente Pedro Castillo

Cabe resaltar que, en el mes de diciembre del 2021, Daniel Soria presentó ante la fiscal de la Nación un escrito en el cual denunciaba a Pedro Castillo Terrones, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La referida denuncia se sustenta en las presuntas reuniones, en el inmueble del mandatario ubicado en el distrito limeño de Breña, con la empresaria Karelim López Arredondo, las cuales se habrían realizado con la finalidad de que el consorcio Puente Tarata III gane la buena pro de una obra.

Controversias en torno a la destitución de Daniel Soria

Con relación a la referida denuncia de Daniel Soria contra Pedro Castillo, el abogado penalista Roberto Pereira señaló que, a los pocos días de presentada la misma, el abogado del Presidente, Eduardo Pachas, cuestionó al exprocurador, pero con base en las ‘’supuestas anomalías’’ en su nombramiento, solicitado al ministro de justicia, Aníbal Torres, que lo destituya del cargo.

Así, Pereira manifiesta que ‘’el ministro de justicia habría instrumentalizado’’ a la OCI del Minjusdh, propiciando la emisión de un informe paupérrimo y sin mayor fundamento, el Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 002-2022-OCI/0281-AOP.

En la misma línea, cuestiona la presunta ilegalidad de la Resolución Suprema Nº 024-2022-JUS.

Señala que, conforme al artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1326 -norma estatutaria especial- el Procurador General del Estado sólo puede ser removido de su cargo por «falta grave» debidamente comprobada y fundamentada, luego de un debido proceso. Y de ninguna manera por «pérdida de confianza».

En consecuencia, a opinión del abogado penalista, se trataría de un cese manifiestamente ilegal, con ‘’tres claros propósitos’’: a) un acto de venganza contra Soria; b) un mensaje meridiano de lo que le podría suceder a cualquier otro Procurador que se atreva a denunciar al Presidente; c) afectar las investigaciones en su contra debilitando a la Procuraduría General del Estado.

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Daniel Soria se pronuncia

En comunicación con el portal de noticias RPP, el exprocurador del Estado manifestó que la Resolución Suprema Nº 024-2022-JUS, y, por ende, su destitución del cargo, es ilegal, en tanto no posee fundamentos jurídicos válidos. Así, expresó que evaluará tomar acciones frente al Poder Judicial.

Señala que la referida resolución suprema se sustenta solo en una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 2007, que permite cesar a un funcionario por pérdida de confianza. No obstante, ‘’la Procuraduría General del Estado se regula por una norma del mismo rango, el Decreto Legislativo 1326 del 2017’’, la cual constituye una norma posterior y especial. 

Asimismo, puntualizó que los fundamentos vertidos en la resolución suprema que lo destituye del cargo no guardan relación con el Informe de Acción de Oficio Posterior Nº 002-2022-OCI/0281-AOP, previamente mencionado, en el que se advierten indicios de irregularidades en su nombramiento como procurador en febrero de 2020.