El Tribunal Constitucional (TC) ha evaluado, en dos oportunidades, acciones que buscan archivar el caso de la matanza en el penal El Frontón.

¿Qué se estableció?

La primera se dio con la sentencia, recaída en el EXP. 01969-2011-PHC/TC, del 14 de junio del 2013, la cual estableció que los hechos ocurridos no podían calificarse como crimen de lesa humanidad, delito que daba continuidad a la investigación fiscal de ese entonces, apuntando a su prescripción.

La segunda se dio el 22 de febrero de este año. Los magistrados Augusto Ferrero, Ernesto Blume y José Luis Sardón de Taboada votaron a favor de la decisión que repone la sentencia del 2013.

SI bien, Marianella Ledesma, Eloy Espinosa – Saldaña y Manuel Miranda estuvieron en contra, el voto de Ferrero – en calidad de presidente – fue el voto decisorio.

Esta decisión declara nulo un auto de subsanación del 2017 que reinterpretó extremos de la sentencia del 2013, eliminando fundamento 68 y el primer punto resolutivo.

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No sería crimen de lesa humanidad

Con esta decisión, recobra vigencia el fundamento 68 de la sentencia del TC del 2013 que estableció que el caso no puede ser calificado como un crimen de lesa humanidad y, por tanto, debe prescribir:

“68. En consecuencia, si bien los hechos materia del proceso penal deben ser investigados en virtud del cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, éstos no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos.”

Decisión de la Corte IDH

Cabe recordar que los hechos ocurridos en el penal El Frontón fueron llevados a instancias internacionales y la Corte IDH emitió una sentencia, respecto del Caso Durand y Ugarte Vs. Perú, declarando responsable internacionalmente al Estado peruano por la violación a los derechos humanos de las víctimas, y ordenando medidas de reparación y no repetición, a través de la investigación de los hechos, persecución penal y juzgamiento de los responsables.

La nueva decisión del TC buscaría dejar en la impunidad estos hechos, y desacataría una sentencia de la Corte IDH, siendo que el Perú forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Caso El Frontón

En el año 1986, durante el gobierno de Alan García, se llevaron a cabo una serie de acciones militares contra reos amotinados en los penales de San Juan de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, ubicados en las provincias de Lima y de Callao.

Fuerzas policiales y de la Marina de Guerra del Perú tomaron violentamente el control de los referidos penales, ocasionando la muerte de cientos de reclusos. En el penal de El Frontón se habría dado la orden de la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

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