El juez no puede imputar una pena concreta superior a la instada por el Ministerio Público, de acuerdo al inciso 3, artículo 397 del Código Procesal Penal. Sin embargo, existirán excepciones cuando el fiscal solicite una pena debajo del mínimo legal sin justificación de atenuante. Así lo estableció la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema al resolver la Casación N°167-2018/Lambayeque, emitida el 16 de diciembre del 2020. 

Dicha decisión se tomó teniendo en cuenta el principio de contradicción y la garantía de defensa personal. Para ello, se debe tener en cuenta que la pena que solicite el fiscal debe ser la acorde a lo legalmente previsto. De tal forma,  se fija un tope máximo «a la pena a imponer en el caso concreto y expresa un límite a las funciones encomendadas tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial dentro de la organización del Estado». 

Así, se reconoce al fiscal la facultad de delimitar el tope máximo de pena bajo la cual deberán actuar los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, el juez solo puede imputar una pena que se encuentre dentro de los límites establecidos por la acusación. La excepción a lo mencionado es la situación donde el fiscal haya imputado una pena inferior al mínimo legal sin tener como justificación la atenuación. Frente a ello, el juez sí puede imponer una pena superior a la impuesta por el fiscal. 

La excepción se justifica en el prinicpio de legalidad. Esto debido a que la pena debe estar dentro del marco legal del delito en específico. Por ello, si existe una causa justificada de atenuación, «el juez no puede desvincularse del quantum de reducción punitiva estimado por el fiscal si se encuentra dentro de las márgenes de razonabilidad». 

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