El caso Acuña vs. Acosta continúa generando revuelo. En esta oportunidad, César Azabache analiza los argumentos del abogado de César Acuña, Enrique Ghersi, a partir de las declaraciones públicas del abogado.

Mientras el Congreso de la República aún no decide tomar cartas en el asunto y discutir si deroga, o no, el capítulo del Código Penal sobre delitos contra el honor; o, si optando por un camino intermedio, excluye de la lista de asuntos que pueden llegar a los tribunales el resultado de investigaciones sobre historias de vida y casos legales, las discusiones alrededor de la sentencia del caso siguen.

Ghersi emitió una serie de argumentos que van desde el supuesto incumplimiento del deber de corroboración de fuentes objetivas por parte del periodista Cristopher Acosta hasta señalar que el objetivo del periodista habría sido la de dañar la imagen de César Acuña.

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El deber de corroboración

Enrique Ghersi señaló que para acusaciones como las de violación sexual en contra de César Acuña, el periodista Cristopher Acosta debería haber recurrido a corroborar con fuentes objetivas como sentencias, una acusación fiscal, una investigación, un atestado policial, una denuncia de parte. Ghersi considera pues que Acosta presenta una “tragedia familiar” como si fuera un delito.

Animus Injuriandi

El abogado de César Acuña señala además que Cristopher Acosta nunca solicitó los descargos de su patrocinado de manera directa. Las solicitudes para contactarse con Acuña, según Ghersi, nunca habrían sido dirigidas ante quien debían dirigirse: César Acuña.

Esto, para Ghersi demostraría el animus injuriandi, elemento que debe existir necesariamente en este tipo de delitos contra el honor. Esto en tanto si no ha existido una comunicación con el que sería el mayor afectado con la investigación realizada es que el objetivo de la misma podría haber sido dañar la imagen de la persona.

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¿Cuál es la discusión?

César Azabache se hace las siguientes preguntas: ¿Existe el deber de corroboración? ¿En qué consiste? ¿Dónde está escrito? ¿De dónde se toma ese protocolo y por qué se hace exigible?

Para Azabache tendríamos que mantener la salida del paso hasta que la sentencia de apelación de segunda instancia nos dé mejores luces sobre el modo en que el sistema institucional puede o no estabilizar la crisis que ha desatado esta sentencia.