Ex funcionarios públicos del Gobierno, como la extitular de la PCM, Mirtha Vázquez, revelaron que los asesores del presidente Pedro Castillo detentan una posición deliberante en relación a la toma de decisiones gubernamentales.  

El ex titular del Ministerio de lnterior, Avelino Guillén, fue el primero en señalar la existencia de un supuesto ‘’gabinete en la sombra’’. Asimismo, Pedro Francke, ex ministro de Economía, reveló que los asesores del mandatario tendrían incluso más poder que el propio Gabinete cuando se debe tomar una decisión.

Entre los referidos están, por ejemplo, el ex consultor del despacho presidencial Biberto Castillo y el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho.

El ex secretario general de Palacio, Carlos Jaico, afirmó que el consultor Biberto Castillo tenía tal nivel de empoderamiento que disponía sobre la agenda del presidente y tomaba decisiones como si fuera un primer ministro.

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¿Qué dicen los expertos?

Expertos consultados por el portal El Comercio, refirieron que la información brindada por los ex funcionarios públicos constituiría una sospecha inicial simple, y sería suficiente para que el Ministerio Público inicie una investigación preliminar contra los asesores de Castillo.

El penalista Carlos Caro indicó que la investigación contra los integrantes del ‘’gabinete en la sombra’’ podría iniciarse por el presunto delito de usurpación de funciones, el cual tiene una pena de entre 4 y 7 años de prisión.

Asimismo, agrega que, en tanto serían varias las personas con calidad de asesores que se estarían arrogando funciones que no les corresponden, podría iniciarse una investigación por el presunto delito de organización criminal.

En una línea similar, el constitucionalista Luciano López señala que el Ministerio Público puede iniciar una investigación por el presunto delito de usurpación de funciones, pero también por tráfico de influencias. 

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Castillo con inmunidad de acusación

López remarca que Castillo no podría ser investigado por los referidos hechos debido a que durante su mandato cuenta con inmunidad de acusación.

Dicha inmunidad se encuentra contemplada en el artículo 117 de la Constitución, el cual establece 4 excepciones para que un jefe de Estado pueda ser acusado, y ninguna se enmarca en los delitos mencionados.

¿Infracción constitucional?

Con una opinión diferente, el penalista Luis Vargas Valdivia refiere que, más que un caso penal, se trata de una infracción a la Constitución, porque el Presidente no estaría consultando sus actos con su gabinete ministerial, a lo cual está obligado por el cargo, sino solo con sus asesores más cercanos.