Entrevista por Juan F. Jiménez Mayor y Armando San Román Alva

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El arbitraje es un medio presente en varias áreas de la gestión pública. ¿Cuál es la clave para entender la importancia del arbitraje en países en vías desarrollo como Perú? ¿Cuáles son sus principales dimensiones de impacto?

Roberto Benavides (RB): Para entender el arbitraje, debemos señalar que este se encuentra presente no solo en la norma general de contrataciones con el Estado (Ley No 30225), sino también en todos los regímenes especiales en los cuales el Estado se provee de bienes, servicios y obras. Este mecanismo es importante ya que se introdujo en las compras públicas para dotar de seguridad a los inversionistas que contratan con el Estado ante posibles eventualidades.

El impacto que se dio es, principalmente, en el tiempo de demora para la solución de conflictos con el Estado, el cual se redujo de forma sustancial dándole seguridad a los contratistas que las controversias serán resueltas dentro de un tiempo prudencial.

A casi 14 años de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No 1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje, ¿cómo evaluaría este periodo de su vigencia normativa?

RB: Es positivo el balance que se tiene del arbitraje, sobre todo el impacto que ha tenido en las contrataciones con el Estado, ya que es cierto que el arbitraje como método de resolución de conflictos tiene sus particularidades cuando de un lado se tiene al Estado como parte. Debemos señalar que el Decreto Legislativo ha tenido pocos cambios, pero los mismos se han dado a consecuencia de ciertos efectos en los arbitrajes sobre contratos públicos. Hay una fuerte corriente que quiere legislar de forma particular cuando el Estado es parte, ya que se tienen distintos regímenes como las expropiaciones de terrenos para proyectos públicos, las controversias del programa Qali Warma, las controversias de las asociaciones público privadas, entre otros.

Continuando con el balance, no todo ha sido positivo, ya que ha habido varios casos que se han visto manchados por la corrupción, llegando incluso a ser mediáticos, lo cual ha perjudicado a la comunidad arbitral y puesto en tela de juicio la eficacia del arbitraje como mecanismo de solución de controversias. Se puede agregar que, muchas veces, por desconocimiento se culpa al arbitraje de los problemas en las obras públicas; sin embargo, ello está lejos de la verdad o realidad, pues los problemas que existen en las obras públicas, por ejemplo, en aquellas que se encuentran paralizadas, no se dan como consecuencia del arbitraje, sino por el poco conocimiento y falta de capacitación de los operadores de las contrataciones, siendo la partida de nacimiento el requerimiento de las entidades, sobre los cuales se deben aplicar las medidas correctivas y no sobre la norma de arbitraje, tal como se ha realizado en los pocos cambios lamentablemente desagradables que ha tenido la norma. Recordemos siempre que el arbitraje está hecho para solucionar las controversias que se generan por factores como los antes mencionados y solucionarlos de manera eficiente y eficaz.

¿Cuáles son sus sugerencias para mitigar riesgos de corrupción en los arbitrajes donde interviene el Estado? ¿Qué visión tiene usted a futuro del arbitraje como medio para promover una mejor gestión pública?

Víctor Chávez (VC): En un contexto como el nuestro, donde el mal de la corrupción se ha desarrollado tanto, resulta retador buscar formas para mitigar los riesgos de corrupción en los arbitrajes en general.

Un mecanismo empleado ya hace algunos años por las empresas es el compliance que, debidamente adecuado, es una herramienta bastante útil para reducir la comisión de actos de corrupción. Este mecanismo es usado por los centros arbitrales y podría ser usado también por las propias instituciones del Estado.

Por su parte, los centros arbitrales se encuentran en una posición de responsabilidad para implementar mecanismos dirigidos a mitigar los riesgos de corrupción en los procesos arbitrales a su cargo y hacia cualquier otro proceso en general. Hacia el interior, implementando un programa de compliance, y hacia los árbitros que conforman su nómina, a través de eventos que busquen crear conciencia y compromiso sobre este tema, y hacia los valores y principios del centro.

Roberto Carlos Benavides Pontex. Presidente de la Corte de Arbitraje del Centro Internacional de Arbitraje – Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Abogado por la PUCP. Especialista en arbitraje de inversión por la American University, árbitro de la nómina de la CCL, del CARC-PUCP, del OSCE, de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad. Especialista en contrataciones con el Estado.

Víctor Eduardo Chávez Arispe. Secretario general en el Centro Internacional de Arbitraje – Cámara de Bélgica y Luxemburgo en el Perú. Abogado y árbitro por la PUCP. Especialista en gestión y solución de conflictos.

¿Te interesó este contenido? Te invitamos a leer la entrevista completa en la Revista Gestión Pública & Control N° 31, edición julio 2022, de Gaceta Jurídica.

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