La Fiscal de la Nación dispuso incluir al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en su condición de exministro de Justicia, y al actual titular de esa cartera, Félix Chero, en la investigación preliminar por el delito de Organización Criminal.

De esta manera, se amplía la investigación preliminar correspondiente a la carpeta fiscal N° 124-2022, en la que el presidente de la República, Pedro Castillo, viene siendo investigado por Encubrimiento Personal y Organización Criminal.

Es importante recordar presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, presento hace unas semanas su carta de renuncia al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Esta inesperada decisión de produjo luego de numerosas criticas contra su gestión y el incidente protagonizado con el periodista Jaime Chincha. 

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— Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) August 3, 2022

Es importante recordar que en 2021, diversos profesores de ética en Derecho, exprocuradores anticorrupción y diversos abogados, presentaron una denuncia contra el primer ministro Aníbal Torres ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL).

Entre los firmantes se encuentran Iván Meini Méndez, José Ugaz Sánchez-Moreno, Luis Vargas Valdivia, Joel Segura Alania, Antonio Maldonado Paredes, Fernando del Mastro Puccio y Walter Albán Peralta.

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El titular de la PCM habría incurrido en ‘’conductas contrarias a la ética’’ e infringido el Código de Ética del Abogado, específicamente, el artículo 4, el cual señala que “el abogado es parte esencial de la defensa del orden democrático a través de su participación en el sistema jurídico del país”.

Ello guardaría relación con la destitución del ex procurador general del Estado, Daniel Soria; el retiro del cargo de la ex presidente del INPE, Susana Silva Hasembank; y el direccionamiento de la publicidad estatal.

Destitución de Daniel Soria

Uno de los fundamentos de la denuncia es la destitución de Daniel Soria de la Procuraduría General del Estado.

Si bien, el Gobierno sostuvo que el retiro de Soria se produjo a raíz del descubrimiento de irregularidades en su designación, los denunciantes argumentan que fue un acto de represalia, ya que este había solicitado el inicio de investigaciones contra el presidente Castillo por la presunta comisión de delitos.

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Retiro de Susana Silva

Otro de los puntos que sustentan la denuncia contra Torres es la destitución de Susana Silva Hasembank de la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

Acorde a los denunciantes, la medida también fue un acto de represalia porque Silva se habría resistido a las presiones desde el Ejecutivo para liberar indebidamente a Antauro Humala.  

Direccionamiento de la publicidad estatal

La denuncia también  toma en cuenta la denuncia de Ximena Pinto, ex secretaria de Comunicación Social de la PCM, sobre un presunto direccionamiento de la publicidad estatal con fines políticos.

La exfuncionaria contó que Torres Vásquez intentó impedir que avisos del Estado sean publicados en el Grupo El Comercio, “con una evidente intensión de “castigar” a dicho medio de comunicación por su línea editorial”.