Las autoridades tienen la atribución de otorgar derechos y obligaciones, no obstante, dicha potestad debe realizarse en observancia de las normas legales y reglamentarias de cada materia.

En ese sentido, la Corte Suprema emitió la Casación 2833-2021, Arequipa que se originó en el recurso interpuesto contra la sentencia de apelación que confirmó su condena como autor y cómplice primario por los delitos de responsabilidad de funcionarios por otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica.

¿Cuáles fueron los hechos?

El acusado Zegarra Tejada se desempeñaba como alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, sin embargo, dentro de su gestión infringió normas que prohibían construir en un terreno declarado intangible. En concreto, el alcalde creó un derecho habilitante para aprobar un plan de construcción de un parque metropolitano ecológico.

Así pues, el burgomaestre insertó en el acta de sesión del consejo municipal y luego en la ordenanza municipal, una declaración falsa referida a la supuesta aprobación del plan, omitiendo la correspondiente intangibilidad aprobada, ello con la finalidad de permitir un indebido cambio de zonificación, lo que generó un perjuicio al ordenamiento territorial de Arequipa.

¿Cuándo se consuma el delito de responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos y falsedad ideológica?

La Corte Suprema estableció que el plan cuestionado aprobado irregularmente por el alcalde y el secretario, desde la legalidad administrativa, dió base legal (vigor, validez y posibilidad de ejecución) al plan en las zonas comprendidas (que no estaban aprobadas para ello por el gobierno regional), el cual consistió en un punto de partida para delimitar la zona urbana, desde la cual se habilitan y permitió la autorización de otros pedidos

Al respecto, el delito de responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos regulado en el artículo 314 del Código Penal en los siguiente términos:

Título 13 – Delito ambientales

El funcionario público que, sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza el otorgamiento, renovación o cancelación de autorización, licencia, concesión permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título […]

Al respecto, la Corte Suprema resaltó el elemento de faltar gravemente a sus obligaciones funcionales como autoridades municipales. De este modo se infringieron disposiciones legales precisas, cuyo núcleo incidía en el ámbito del derecho urbanístico, específicamente en la determinación de la zonificación que daría lugar, tras su establecimiento, a la permisión de actividad urbanística prohibida por una ordenanza regional.

Cabe mencionar que dicho delito constituye una ley penal en blanco, siendo que se basa en el incumplimiento de normas administrativas y reglamentarias.

¿Y en el caso concreto?

En el presente caso, el alcalde y el secretario general de la municipalidad faltaron gravemente a sus funciones en orden a lo que debieron realizar (y no hicieron) respecto del plan.

Este plan importó un cambio de zonificación en parte del terreno, declarado en su totalidad intangible por el Gobierno Regional de Arequipa, y, por tanto, configurando un derecho habilitante, permitía, lo que en efecto se hizo posteriormente (la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero), que, en aquel terreno, y en los términos del artículo 312 del Código Penal, se realicen construcciones contrarias a lo establecido por una norma de rango superior.

En resumen, la Suprema resaltó el incumplimiento funcional (de orden legal, reglamentario y administrativo) de parte del funcionario público, y como consecuencia de dicho incumplimiento se otorgue algún derecho habilitante en un sentido extenso que tenga una incidencia ambiental (o urbanístico).