Nuestra Corte Suprema de Justicia acaba de emitir la Casación 2353-2021, Ayacucho, resuelta por la Sala Penal Permanente, en cuyo contenido se pronuncia en torno a los programas de cumplimiento penal, es decir, el criminal compliance. El ponente del caso fue el juez supremo Luján Túpez.

Octavo. iv) (…) Entiéndase que el Perú, no posee regulada la exención de responsabilidad de la persona jurídica por implementación de procesos de control o criminal compliance, como en España, asumiendo la idea del buen ciudadano corporativo (Good corporate citizenship).

En 2021 se interpuso un recurso de casación en favor de dos personas jurídicas y contra una decisión judicial que rechazó una tutela de derechos en un caso de presunto lavado de activos.

Los argumentos: vulneraron el derecho al principio de legalidad y el debido proceso, pues se los sometió a un procedimiento distinto al establecido por la ley, es decir, la incorporación de las personas jurídicas que representa no se realizó conforme al trámite, ni en la oportunidad establecida en los artículos 90 y 91 del Código Procesal Penal.

Sin embargo, los jueces interpretaron erróneamente dichos artículos y establecieron que la aplicación de estas no puede cuestionarse a través de una tutela de derechos, se leen en el apartado de la defensa técnica del documento al que tuvo acceso Laley.pe 

Líneas más abajo, el abogado que interpuso el recurso de casación plantea la siguiente inquietud: ¿Es posible incluir a la persona jurídica en una investigación preliminar adecuando las reglas de los artículos 90 y 91 del Código Procesal Penal?

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