A fin de mantener el orden interno y el control en las regiones policiales de Lima y Callao, se autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú.

Se llegó a esta medida debido al aumento significativo en el índice delictivo que sobrepasa la capacidad operativa de la policía, según detalla el Gobierno en un informe.

Así, mediante Resolución Suprema N° 191-2021-IN, el Ministerio de Interior autorizó la salida de los militares a las calles hasta finales del mes noviembre.

Lea también: ¿Qué reformas tributarias quiere implantar el gobierno de Castillo?

¿A qué se debe la decisión?

La medida se dio tras la presentación del Informe N° 129-2021-SCG-PNP/OFIPOI, en el que se expone la problemática en las regiones policiales de Lima y Callao, a consecuencia de la delincuencia común y organizada.

Se advierte un incremento significativo en el índice delictivo en dichas zonas, en las que operan organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos. Todo ello, señala el informe, pone en peligro la integridad física de la ciudadanía y ha logrado sobrepasar la capacidad operativa de la policía.

Trabajo en conjunto

Asimismo, se señala que el apoyo de las Fuerzas Armadas no releva la activa participación de la policía nacional. Así, la actuación de los militares está en contribuir y garantizar la plena vigencia del derecho a la libertad y seguridad personales, a la libertad de tránsito por las vías y carreteras, entre otros.

Lea también: PJ: No es posible acumular un hábeas corpus en sede penal y en sede constitucional

Con ello, se busca resguardar puntos críticos vitales para el normal desarrollo de las actividades de la población afectada, facilitando de este modo que los efectivos de la Policía Nacional del Perú concentren su accionar en el control del orden interno y la interacción con la población, se puede leer en la norma.

Por último, se precisa que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte.

Lea y/o descargue la norma AQUÍ.