La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió los oficios N.° 000039-2022-P/JNJ y N.° 000040-2022-P/JNJ, respectivamente, a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.

En los referidos documentos, la JNJ expresa su postura sobre lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Cuya Lavy y otros vs. Perú, relativo a procesos de ratificación de jueces y fiscales, realizados en 2001 y 2002.

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Normativa derogada

En los oficios cursados, el JNJ señala que los procesos de ratificación, que fueron juzgados por la Corte IDH en el caso en cuestión, fueron realizados en 2001 y 2002 bajo una normativa ya derogada y bajo la conducción del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura.

Interpretación de la sentencia

Asimismo, la JNJ expresó que la institución se encuentra dispuesta a recibir, atender y valorar todas las opiniones sobre el sentido y alcance de la sentencia del caso Cuya Lavy y otros Vs Perú.

En ese sentido, invita formalmente al Poder Judicial (PJ) y al Ministerio Público (MP), a las asociaciones de jueces y fiscales de la República, a los organismos no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales, y a la sociedad civil en general, a proveer sus opiniones sobre el sentido y alcance de la sentencia interamericana.

Este proceso de consulta, paralelo al proceso de ratificación en curso, tendrá un plazo de diez días naturales que concluirá con la elaboración de un informe final, el cual será puesto en conocimiento del pleno de la JNJ.

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Por otro lado, el Pleno de la JNJ, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ha decidido solicitar a la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, presente ante la Corte IDH, una solicitud de interpretación respecto del punto 10 de la parte resolutiva de la sentencia, relativo a la prohibición de reingreso a la magistratura de los jueces y fiscales no ratificados.

Cuya Lavy y otros vs. Perú

Recordemos que, en el caso Cuya Lavy y otros vs. Perú, la Corte IDH encontró al Estado peruano internacionalmente responsable por la destitución de magistrados; y, señaló que el proceso de ratificación nacional es violatorio de la protección judicial, del derecho a la honra y a la dignidad, y de los derechos políticos de las víctimas.

En atención al fallo, del 28 de setiembre del 2021, la Corte Suprema solicitó al JNJ la suspensión del proceso de ratificación de jueces, en enero de este año.