La Corte Superior del Cusco declaró infundada la demanda interpuesta en el 2003 por la familia que reclamaba que Machu Picchu era de su propiedad. Este fallo finaliza más de 15 años de litigios judiciales. 

La familia Abrill desde el 2003 aseguraban ser propietarios del complejo arqueológico y los terrenos en donde los incas construyeron la famosa ciudadela. Solicitaban la devolución del predio, aduciendo que había sido propiedad de sus familiares. A su vez, reclamaban una indemnización de 100 millones de dólares por el uso de las 13 000 hectáreas de tierras que son explotadas por el turismo.

El ministro de Cultura, Luis Jaime Castillo, recordó que en Perú «el patrimonio cultural arqueológico es propiedad del Estado, y a veces esa propiedad se disputa, (…) Al final ha primado el derecho inalienable de todos los peruanos de defender aquellos baluartes de nuestro patrimonio cultural como Machu Picchu», declaró para la Agencia Efe.

VEA TAMBIÉN: Precedente del Tribunal de Susalud: ¿Qué hacer en caso de pérdida de una historia clínica?

Los problemas legales en torno a la ciudadela inca inician en 1944, cuando las familias Abrill y Zavaleta se dividieron la propiedad a pesar de la existencia de una ley que detallaba que el Estado era propietario de los restos arqueológicos. La división fue: los Abrill se quedaban con las ruinas y los Zavaleta tenía la red de caminos incas.

Esta repartición tuvo la aprobación un notario, por lo que ese documento fue el sustento de defensa durante los años de peleas judiciales. No obstante, el Estado pudo demostrar que los terrenos de estas familias fueron expropiados durante la Reforma Agraria en 1960 y 1970 por la Dirección General de Reforma Agraria.