La fiscal María Milagros Salazar Paiva, integrante del equipo especial Lava Jato, presentó este jueves un requerimiento para que se dicte a Luis Castañeda Lossio, exalcalde de Lima, 36 meses de prisión preventiva.

La misma medida ha sido solicitada para el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, así como para Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Castañeda.

Actualmente, sobre los tres imputados pesa impedimento de salida del país en el marco de la investigación preparatoria que se les sigue por el presunto delito de colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias y lavado de activos.

En su requerimiento, la fiscal Salazar Paiva solicita a María de los Ángeles Álvarez Camacho, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que a la brevedad posible se programe la audiencia de prisión preventiva para los tres imputados.

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La tesis de la Fiscalía es que Castañeda, en su condición de alcalde de Lima, habría favorecido a la empresa construtora brasileña OAS en la negociación y suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla. Igualmente, habría suspendido la ejecución del proyecto Río Verde para que se destine el dinero en la construcción del by-pass de la avenida 28 de Julio en el centro de Lima.

Además, la fiscal ofrece en su escrito el testimonio de Martín Bustamante Castro, otrora hombre de confianza del exburgomaestre. El que fuera funcionario de la Municipalidad de Lima asegura que con OAS se llegó al acuerdo de que aportaría US$500.000 para la campaña del 2014 de Castañeda, monto que fue entregado al exalcalde en tres bloques (dos entregas de US$200.000 cada una y otro por US$80.000). Los US$20.000 restantes no se habrían llegado a entregar.

Asimismo, Bustamante Castro asegura que Castañeda le solicitó “no echar a Giselle Zegarra Flores ni a José León Luna Gálvez”. Según la Fiscalía, esto demuestra que Castañeda buscaba “proteger a dos de los brazos operadores de la organización criminal que lidera”, con lo que se pretende demostrar el peligrosismo procesal, en la medida que dicha conducta buscaría obstruir la justicia.

Igualmente, la fiscal Salazar Paiva afirma que el exalcalde no tiene arraigo familiar ni laboral. Para ello, refiere que es divorciado y sus hijos superan los 30 años, además que es jubilado y su militancia al partido Solidaridad Nacional se encuentra suspendida. Del mismo modo, se alega que Castañeda transfirió el 66% de las acciones y derechos de su vivienda ubicada en Santiago de Surco a su hijo Carlos Castañeda Pardo.