Con todo respeto por mis amigos creyentes, lo que acaba de hacer el Presidente es grave, gravísimo. Y valga precisar que de esto no tiene la culpa una creencia específica. Los responsables son un grupo reducido y específico de religiosos radicales e integristas, que los hay en todas partes, quienes veladamente quieren ejercer poder político e imponer sus creencias a todo costo.

Sucede que, por iniciativa de ellos, el Presidente de la República acaba de “consagrar” a dios a “su gobierno”,  a toda “la República del Perú”, y a cada uno de “sus ciudadanos y funcionarios”. Y no a un dios, en general, sino apelando específicamente a las creencias católicas, con exclusión de las demás (en efecto: se hizo una consagración “por intermedio del Sagrado Corazón de Jesús y la Inmaculada Concepción”). Hay muchísimas cosas que señalar sobre esta consagración, abiertamente inconstitucional en el contexto de un Estado laico, ocurrida el pasado viernes 21 de octubre en el llamado “Desayuno Nacional de Oración” (y que puede verse aquí).

Al respecto, empecemos por explicar qué se buscaría con esta “consagración” (y que los radicales religiosos han considerado como una “Consagración al Sagrado Corazón de Jesús”). Conforme al Diccionario, “consagrar” significa “hacer sagrado a alguien o algo”, y más específicamente “Dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa”. Desde la esfera religiosa, la consagración implica una especie de ofrecimiento de los propios destinos a la “voluntad de dios”, o también una especie de ofrenda o sacrificio de la propia vida hacia dios (Romanos 12:1). Como puede apreciarse sin dificultad, el “consagrar” un país a dios constituiría un indebido involucramiento del gobierno con los asuntos religiosos. Siendo así, Pedro Pablo Kuczynski –quien leyó sin cuestionar el texto preparado por los integristas religiosos– no podía “como Presidente de la República del Perú” y apelando a la “autoridad [civil] que se [le] ha otorgado”, hacer sagrado nada, ni ofrendar nuestra república (laica y pluralista) a dios, y menos aún entregar nuestros designios a la voluntad de ninguna deidad.

Es necesario precisar que este asunto de la “consagración”, tiene su propia historia en nuestro país (y en especial, la consagración del Perú al “Sagrado Corazón de Jesús”, que es lo que viene celebrando el radicalismo religioso). En efecto, en 1923, precisamente se quiso consagrar el Perú al Sagrado Corazón de Jesús, lo cual recibió el rotundo rechazo de diversos sectores sociales y actores políticos. Incluso este incidente mereció hace algún tiempo un pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, quien ha sostenido que, conforme a la actual Carta Fundamental, tal consagración sería abiertamente inconstitucional: “es claro el contenido o significado religioso de la consagración, que, aunque podría encontrar alguna explicación en el carácter confesional del Estado conforme a la Constitución de 1920 (cfr. artículo 5), no puede tener cabida en el contexto de un Estado laico o aconfesional como el diseñado en la vigente Constitución de 1993 (cfr. artículo 50)”. El Alto Tribunal también explicitó que dedicar u ofrecer así nuestro país a dios “estaría reñido con el principio de laicidad” (STC 03756-2011-AA, f. j. 32).

Por su parte, acá nomás en Colombia, su Corte Constitucional tuvo que pronunciarse asimismo sobre la constitucionalidad de una vieja norma que obligaba al Presidente de Colombia a consagrar cada año a su país al Sagrado Corazón de Jesús. La Corte señaló que dicha consagración “por medio de la cual el Estado manifiesta una preferencia en asuntos religiosos (…) es inconstitucional por cuanto viola la igualdad entre las distintas religiones establecida por la Constitución. Esta discriminación con los otros credos religiosos es aún más clara si se tiene en cuenta que la consagración se efectúa por medio del Presidente de la República quien es, según el artículo 188 de la Carta, el símbolo de la unidad nacional” (C-350/94).

Incluso más, sobre la participación misma del Presidente en este tipo de actos de promoción a una religión específica, haciendo uso de su cargo, nuestra vecina Corte señaló: “La presencia oficial del Presidente de la República (…) en las ceremonias de carácter religioso de un credo determinado, cuya finalidad es la promoción de los símbolos de ese mismo credo, no resulta entonces compatible con la actitud imparcial que en esta materia se requiere del Jefe de un Estado laico” (C-350/94). Recordemos, al respecto, que la declaración de Kuczynski fue leída como mandatario de la Nación y no a título personal.

Como resultará evidente con lo anotado, lo realizado por el Presidente de la Republica, a quien más bien le toca representar a todos los peruanos y personificar a la nación (artículo 110 de la Constitución), es violatorio del “régimen de independencia y autonomía” que debe existir entre el Estado y la iglesia católica, conforme viene dispuesto por el artículo 50 de la Carta Fundamental, disposición de la cual se desprende que nuestro Estado (al menos formalmente) es uno laico. Han sido defraudados, entonces, los principios de pluralismo religioso (que es lo que justificó, desde sus orígenes, el derecho a la libertad religiosa), de neutralidad estatal, de igualdad religiosa y de no constreñimiento, entre lo más evidente. Asimismo, valga precisar para los más despistados, que esta consagración no califica como una forma “colaboración” con la iglesia católica. Se trata de una palmaria intromisión del Estado en asuntos espirituales así como del uso indebido de la autoridad política para favorecer a un particular sistema de creencias.

Ahora, es claro que los radicales religiosos quienes prepararon el documento leído por el Presidente sabían de todo esto. Para quien conoce un poco de lo que está en discusión, es claro que cada palabra leída, y finalmente quién lo ha hecho, ha sido medido con inicua precisión. Pero, en cualquier caso, la responsabilidad por lo ocurrido es principalmente gubernamental: ante todo del Presidente, por finalmente haber consagrado él, como primer funcionario del Estado y no a título personal, a todo el país a una específica deidad religiosa y haber ofrecido guiar su gobierno por esas específicas creencias; y ciertamente hay también una tremenda responsabilidad por parte de sus asesores, en especial aquellos quienes han estado más cerca de este acto.

En este contexto, creemos que al Presidente Kuczynski le corresponde pedir disculpas. No solo al dios en el que cree y a la mayoría de católicos quienes respetan la laicidad del Estado (recordemos que Jesús mismo separó “lo que es dios” y “lo que es del César”), sino a todos y cada uno de los peruanos quienes merecemos respeto con nuestros diferentes sistemas de creencias o sin ellos, pues es claro que actuó traicionando el mandato constitucional de laicidad. Y a sus colaboradores les toca ayudarle a deshacer, pronto y mediante los medios comunicacionales o legales que tengan disponibles, este inaceptable entuerto, que es del tamaño de una catedral.