La Defensoría del Pueblo manifestó que aún se requiere que el Estado diseñe y gestione políticas públicas que consideren las necesidades de las mujeres indígenas, debiendo para ello contar con información que incluya las variables de pertenencia étnica y de género.

Elecciones Regionales y Municipales 2022

La institución señaló que, ante la proximidad de las elecciones regionales y municipales, urge que se elabore una agenda pública que visibilice la importancia de representación de las mujeres indígenas, principalmente en cargos públicos a escalas nacional y subnacional.

Lea también: Caso Solsiret Rodríguez: Defensoría del Pueblo rechazó las falencias estructurales del sistema de justicia

“En las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2022 es importante que las autoridades garanticen la rigurosidad en el cumplimiento de las normas, principalmente de la cuota indígena, y se promueva la paridad y la alternancia en los cargos, a fin de lograr la inclusión estratégica de las mujeres indígenas.”

Asegurar la inclusión

Para la Defensoría del Pueblo, la elección de una mujer indígena en un cargo público permite asegurar la inclusión de sus prioridades de desarrollo en el proceso de toma de decisiones y en la generación de políticas públicas nacionales y regionales; asimismo, permitirá la construcción de una gestión estatal que contribuya a visibilizar sus necesidades y adoptar medidas que garanticen sus derechos individuales y colectivos.

Educación en niñas y adolescentes

El organismo reveló que otro tema prioritario y de especial preocupación es asegurar el acceso a la educación básica de las niñas y adolescentes indígenas.

Lea también: Lilia Paredes: ¿Derecho del testigo a guardar silencio?

“Lamentablemente, a la actualidad, la situación de desventaja y afectación a este derecho no ha cambiado, en tanto aún continúan los altos índices de embarazos en adolescentes de pueblos indígenas amazónicos, lo que genera deserción escolar y riesgo de su vida y salud y la del neonato”.

La defensoría manifestó que es obligación del Estado garantizar, mediante los ministerios de Educación y de Salud, acciones para fortalecer una educación sexual integral con pertinencia cultural hacia las niñas o adolescentes indígenas, a fin de garantizar sus derechos a la salud y la educación.