La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió recientemente la sentencia del caso Cuya Lavy y otros vs. Perú, en cuyo fallo se encontró declaró responsable al Estado peruano por la transgresión de los derechos judiciales y políticos de ciertos magistrados, en el trascurso de procesos de ratificación realizados en 2001 y 2002.

A raíz de ello, diversos sectores del Estado, como el Poder Judicial y el Ministerio Público, así como asociaciones de jueces, solicitaron a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspender el actual proceso de ratificación de magistrados.  

Frente a este escenario, Cesar Azabache sostuvo una entrevista con Marisol Pérez Tello y Javier de Belaúnde, acerca del panorama actual de la discusión sobre los procesos de ratificación de jueces y fiscales.

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Reforma del sistema de justicia

Tanto Pérez Tello como De Belaunde coindicen en que la discusión actual sobre los procesos de ratificación se circunscribe en un escenario de los problemas del sistema judicial peruano actual y una necesaria reforma.

Pérez Tello señala, en primer lugar, que la cuestión problemática no gira en torno a la evaluación per se de los magistrados sino a si los procesos de ratificación se adecúan a los requisitos fundamentales de inamovilidad e independencia de los mismos.

Asimismo, refiere que dicha discusión es un imperativo frente a un panorama donde existe una reforma pendiente del sistema de justicia. A pesar de que la reforma judicial se vino impulsando desde el Acuerdo Nacional de Justicia hasta la ‘’Comisión Wagner’’, en los últimos meses no se han visto avances significativos y tangibles.

Por su parte, De Belaunde señala la importancia de que la discusión en torno a los procesos de ratificación pueda ‘’ordenarse’’.

Muchos sectores del Poder Judicial han solicitado la suspensión inmediata de los referidos procesos en virtud de lo dispuesto por la Corte IDH en el caso Cuya Lavy; sin embargo, el fallo realmente no mantiene un correlato con lo que está siendo solicitado.

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Evaluación integral de magistrados

Javier de Belaunde señala que, en esta discusión, es importante tener en cuenta que, si bien la independencia judicial es un escudo de los magistrados contra presiones externas, también es un derecho de la ciudadanía el acceder a instancias judiciales con operadores capacitados y aptos para el cargo.

Así, diversos instrumentos normativos internacionales como nacionales, señalan que es necesario separar a los jueces que no sean realmente capacitados ni aptos para el cargo; es decir, que no conserven la conducta e idoneidad propias de la función.

En esa línea, considera que los procesos de ratificación deberían ser instrumentos de evaluación integral de los magistrados, que porten parámetros objetivos de medición de competencias, con el fin de analizar si realmente se cumple con el principio de independencia judicial.